CERMI Madrid exige a Sanidad medidas urgentes de protección y que no se discrimine a las personas con discapacidad

Sábado21 Mar.

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  • Se deben tomar medidas urgentes e inmediatas dirigidas a la protección de profesionales y personas con discapacidad
  • Reclama que el personal de los servicios sociales sea considerado, inmediatamente, un servicio esencial en la gestión de la crisis sanitaria del COVID-19
  • La discapacidad de la persona no puede ser nunca una circunstancia o factor de menor valor de la persona y, en ningún caso, motivo de discriminación en los tratamientos

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (CERMI Comunidad de Madrid) exige a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Sanidad que se tomen medidas urgentes e inmediatas, que aseguren que los profesionales de las entidades del movimiento asociativo puedan atender con garantías de seguridad a las todas personas que se encuentran en los centros residenciales de atención a estas personas, especialmente a las que se encuentran aisladas por sospecha o positivos confirmados de COVID-19, y reclama que el personal de los servicios sociales sea considerado, cuanto antes, un servicio esencial en la gestión de la crisis sanitaria del COVID-19.

Por otro lado, exhorta que aseguren que no se va a discriminar a las personas con cualquier tipo de discapacidad en los protocolos clínicos de atención a pacientes con coronavirus, la discapacidad no puede ser nunca una circunstancia o factor desvalorizador de la persona. En las últimas horas, las redes sociales se han hecho eco de un posible caso de discriminación, en la Comunidad de Madrid, a un hombre con Síndrome de Down, al que se le negaba el acceso a la UCI, aunque el paciente ha sido ya trasladado en la mañana de hoy a esta unidad; tal y como han confirmado sus familiares a Plena Inclusión Madrid, entidad miembro de CERMI Comunidad de Madrid.

En línea con la petición lanzada por CERMI Estatal, CERMI Comunidad de Madrid reclama a las autoridades y profesionales sanitarios que vigilen estrechamente que todos los protocolos clínicos que se aplican, en la actual crisis del coronavirus, son garantistas del principio de igualdad y no incurren discriminaciones odiosas y prohibidas, y solicita al Ministerio Fiscal su intervención para promover la acción y la protección de la Justicia con los grupos sociales que pueden verse más expuestos a tratos excluyentes.

Toda la actuación de las instituciones y profesionales sanitarios, en cualquier situación, debe estar presidida por los mandatos imperativos de los derechos humanos, la no discriminación, no tratar desigualmente, y actuar sin prejuicios o sesgos que castigan a quien se considera “diferente” y por tanto de menor valor, cuya salud o cuya vida es sacrificable por ser menos prioritaria.

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